La ministra Coordinadora de Patrimonio de Ecuador, María Fernanda Espinosa, anunció hoy el relanzamiento de la iniciativa Yasuní-ITT que impulsa el gobierno de su país para ayudar a frenar el calentamiento global.
En declaraciones a la prensa extranjera, la funcionaria dijo que el gobierno de su país tiene la "decisión de relanzar el proyecto y de fortalecer el rol del presidente (ecuatoriano) Rafael Corea como gran impulsor de la iniciativa", que aseguró, "sigue vigorosa".
Espinosa respondió así a versiones de que la iniciativa había quedado "golpeada" con la reciente renuncia de Fander Falconí a la cancillería, al igual que de los miembros de la comisión de gestión del proyecto.
La iniciativa Yasuní-ITT propone a la comunidad internacional aportar fondos para el desarrollo de Ecuador, a cambio de que se abstenga de extraer crudo de los yacimientos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, ubicados en el amazónico parque nacional Yasuní.
Con ello, argumenta el gobierno ecuatoriano, se evitará la emisión de miles de toneladas de anhídrido carbónico, causante de la destrucción de la capa de ozono y del calentamiento del planeta.
Espinosa precisó que el relanzamiento del plan ambiental consiste en la formación de tres comisiones, una política, una técnica y una de negociación, que llevarán adelante para la gestión de donantes internacionales.
La comisión política estará presidida por el jefe de Estado e integrada por el vicepresidente, Lenin Moreno, entre otras autoridades.
El comité técnico estará conformado por expertos en diversas especializaciones y el grupo negociador por el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Freddy Ehlers, y el embajador de Ecuador ante Naciones Unidas, Francisco Carrión.
Espinosa afirmó que las gestiones también incluyen a los países petroleros árabes, con el antecedente de que en su oportunidad, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) expresó su respaldo a la iniciativa ecuatoriana.
"La iniciativa Yasuní-ITT sigue más fuerte que nunca y la presencia y participación del presidente Correa será más vigorosa que nunca (.) apelamos al mundo, que éste es el camino a seguir para combatir los efectos devastadores del calentamiento global", añadió.
La funcionaria explicó que "el proyecto no es sólo emblemático, sino el más importante del gobierno ecuatoriano y con él se está abriendo el camino para otros países megadiversos que dependen del petróleo".
lunes, 25 de enero de 2010
sábado, 16 de enero de 2010
Seguimos sin un acuerdo para salvar el planeta
Los discursos bonitos no llegan muy lejos. Un mes después de la conferencia de Copenhague sobre el clima, ha quedado claro que los líderes del mundo no pudieron traducir a acciones la retórica sobre el calentamiento global. El fracaso de Copenhague no fue la falta de un acuerdo legalmente vinculante: el verdadero fracaso fue que no hubo acuerdo sobre cómo lograr la enorme tarea de salvar el planeta, ni acerca de las reducciones de emisiones de carbono, ni sobre cómo compartir la carga o ayudar a los países en desarrollo. Incluso el compromiso de destinar 30 mil millones de dólares para el período 2010-2012 para la adaptación y la mitigación empalidece ante los cientos de miles de millones facilitados a los bancos en los rescates financieros de 2008-2009.
Las consecuencias del fracaso ya se pueden ver: el precio de los derechos de emisiones en el Sistema de Intercambio de Emisiones de la UE ha caído, lo que significa que las firmas tendrán menos incentivos para reducir las emisiones ahora, así como para poner en práctica innovaciones que las reduzcan en el futuro. El enfoque adoptado en Kyoto asignó derechos de emisión, que son un recurso valioso. La idea de que quienes emitieron más en el pasado deberían recibir más derechos de emisión para el futuro es inaceptable. La asignación "mínimamente" justa para los países en desarrollo exige derechos de emisión equivalentes per cápita. La mayoría de los principios éticos sugeriría que, si uno está distribuyendo lo que equivale a "dinero" por el mundo, debería dar más a los pobres. La mayoría de los principios éticos sugeriría que quienes han contaminado en el pasado deberían tener menos derecho a contaminar en el futuro. Sin embargo, una asignación así transferiría implícitamente cientos de miles de millones de dólares de los ricos a los pobres, lo que es un poco iluso. Tal vez sea el momento de intentar otro enfoque: un compromiso por parte de cada país de elevar el precio de las emisiones a un nivel acordado de, digamos, 80 dólares por tonelada. Los países podrían usar los ingresos como una alternativa a otros impuestos, ya que tiene más sentido aplicar impuestos a las cosas malas que a las buenas. Los países desarrollados podrían usar parte de los ingresos generados para ayudar a los países en desarrollo en términos de adaptación y compensarlos por mantener bosques, que representan un bien público global debido a que "secuestran" carbono.
La buena voluntad, por sí sola, sólo puede llevarnos hasta cierto punto. Mientras el mundo vacila, los gases de invernadero se acumulan en la atmósfera y se reducen las posibilidades de que se cumpla siquiera el objetivo acordado de limitar el calentamiento global a dos grados Celsius. Hemos dado más de una justa oportunidad al enfoque de Kyoto. Si consideramos los problemas que existen tras el fracaso de Copenhague, no debería resultarnos sorpresivo. Como mínimo, vale la pena darle a la alternativa una oportunidad.
Las consecuencias del fracaso ya se pueden ver: el precio de los derechos de emisiones en el Sistema de Intercambio de Emisiones de la UE ha caído, lo que significa que las firmas tendrán menos incentivos para reducir las emisiones ahora, así como para poner en práctica innovaciones que las reduzcan en el futuro. El enfoque adoptado en Kyoto asignó derechos de emisión, que son un recurso valioso. La idea de que quienes emitieron más en el pasado deberían recibir más derechos de emisión para el futuro es inaceptable. La asignación "mínimamente" justa para los países en desarrollo exige derechos de emisión equivalentes per cápita. La mayoría de los principios éticos sugeriría que, si uno está distribuyendo lo que equivale a "dinero" por el mundo, debería dar más a los pobres. La mayoría de los principios éticos sugeriría que quienes han contaminado en el pasado deberían tener menos derecho a contaminar en el futuro. Sin embargo, una asignación así transferiría implícitamente cientos de miles de millones de dólares de los ricos a los pobres, lo que es un poco iluso. Tal vez sea el momento de intentar otro enfoque: un compromiso por parte de cada país de elevar el precio de las emisiones a un nivel acordado de, digamos, 80 dólares por tonelada. Los países podrían usar los ingresos como una alternativa a otros impuestos, ya que tiene más sentido aplicar impuestos a las cosas malas que a las buenas. Los países desarrollados podrían usar parte de los ingresos generados para ayudar a los países en desarrollo en términos de adaptación y compensarlos por mantener bosques, que representan un bien público global debido a que "secuestran" carbono.
La buena voluntad, por sí sola, sólo puede llevarnos hasta cierto punto. Mientras el mundo vacila, los gases de invernadero se acumulan en la atmósfera y se reducen las posibilidades de que se cumpla siquiera el objetivo acordado de limitar el calentamiento global a dos grados Celsius. Hemos dado más de una justa oportunidad al enfoque de Kyoto. Si consideramos los problemas que existen tras el fracaso de Copenhague, no debería resultarnos sorpresivo. Como mínimo, vale la pena darle a la alternativa una oportunidad.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)